La Argentina no sólo es un país transgresor, sino que celebra serlo, y eso es lo más grave

ECONOMÍA PARA TODOS.- Emilio Cárdenas, consejero académico de la fundación Libertad y Progreso y ex embajador argentino ante las Naciones Unidas, disertó sobre política internacional, frente a un auditorio compuesto por empresarios, legisladores, y reconocidos juristas, en un desayuno organizado por la fundación Libertad y Progreso.

“El país sigue asombrando: El mismo escenario de YPF se vivió en el 2001 con la declaración del default. Hoy todavía no resolvimos la reestructuración de la deuda, sigue habiendo laudos de organismos de arbitraje y del Mercosur no cumplidos”, comentó Cárdenas.

Para él, la Argentina no sólo está aislada, sino que el mundo ya la percibe así. “Pasamos de la lista de países irrelevantes a la de países inestables e impredecibles”, y agregó: “La Argentina no sólo es un país transgresor, sino que celebra serlo, y eso es mucho más grave”.

Argentina permanecerá en el G20

De todos modos, anticipó que “es prácticamente imposible que la Argentina sea desplazada del G20, porque allí el proceso de toma de decisiones es por consenso, y en ese sentido:¿vemos a Brasil votando la exclusión de Argentina del G20?”. Según Cárdenas, “ya es bastante grave que un senador norteamericano haya pedido a su gobierno que solicite la suspensión de la Argentina” en ese foro internacional.

Cárdenas expresó su esperanza de una futura reinserción en el sistema internacional. “Pese a que la respuesta técnica es que estos procesos llevan tiempo, la Argentina tiene ciclos entre la racionalidad y la irracionalidad tan conocidos en el mundo, que cambiar esta situación puede ser más corto de lo que uno podría esperar”.

Para que eso suceda, Cárdenas dijo que antes, entre otras cosas, el país tendrá que resolver su situación con el Club de París y el Ciadi y deberá acordar dentro de la legalidad con los españoles el curso de acción con las acciones de Repsol.

*Publicado en Economía para Todos, Buenos Aires. 
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Venezuela se acerca, de pronto, al libre comercio

[H]asta ahora en el imaginario -absolutamente surrealista- de Hugo Chávez, el libre comercio es apenas un arma más, diabólica, que los Estados Unidos utilizan para tratar de “someter” a los pueblos latinoamericanos.

En el 2006, con esa fantasiosa bandera, Chávez creyó “enterrar” al libre comercio, al oponerse ruidosamente -y hacer fracasar- al proyecto del “ALCA”. Lo que en rigor Chávez logró -ayudado en la empresa de demolición por la acción por “expertos” del nivel de Diego Maradona y con la entusiasta complicidad del dueño de casa de la “Cumbre de las Américas” de Mar del Plata- fue que el proyecto de libre comercio se desplazara hacia el dinámico Pacífico y ahora, de la mano de Nueva Zelanda, Chile, Singapur y Brunei, los Estados Unidos lo estén materializando en Asia a través del llamado TTP, al que ya se han unido Perú y México. Este es ya el proyecto de zona de libre comercio más importante del siglo XXI. Con eje en Asia y no en América Latina, lo que no es para celebrar.

Gracias a Chávez, el TTP ha nacido entonces más allá de las fronteras de América Latina, en beneficio de algunos otros. Una oportunidad desperdiciada, de la que son obviamente “responsables” Chávez y sus “ad-láteres”. Chávez sabe que su gestión económica es un fenomenal fracaso. En rigor, de eso entiende poco y nada. Sólo sabe de retórica. Sustancia, no. Tan es así, que no puede dar de comer a su pueblo, razón por la cual debe importar -de otros lares- buena parte de la comida que consumen los venezolanos. La Argentina (como país deudor financiero de Venezuela) está tratando de aprovechar comercialmente esta situación, hasta ahora desperdiciada, para -entre otras cosas- poder exportar más alimentos a Venezuela. A pesar de Guillermo Moreno. Por todo esto Chávez se acercó a Colombia, otrora una nación rival, casi odiada. Y con Juan Manuel Santos logró suscribir un acuerdo de libre comercio en virtud del cual se liberan nada menos que unas 3.500 partidas comerciales con el país vecino. Casi todas ellas son las que han conformado buena parte del flujo real del comercio bilateral entre Colombia y Venezuela de los últimos cinco años. El intercambio comercial bilateral entre los dos países caribeños, que había estado en el orden de los 7.000 millones de dólares en el 2008, se desplomó como consecuencia de la ruptura de relaciones de julio de 2009. Se trata ahora de re-edificarlo velozmente. En esto va el bienestar del pueblo venezolano y la expansión del comercio exportador colombiano. Será seguramente un camino sencillo para Colombia, cuya economía está creciendo fuertemente y atrayendo inversiones, a la manera de verdadera contra-cara de lo que sucede en una Venezuela en la que pocos, muy pocos, inversores confían. Cada vez menos, por cierto.

*Publicado en La Gaceta, Tucumán.
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Henrique Capriles: la opción venezolana al autoritarismo

El domingo pasado, tal como estaba ciertamente previsto, la oposición venezolana -sólidamente unificada- realizó sus elecciones primarias. Prolija y ordenadamente. Y sin incidentes de ningún tipo. Con una concurrencia masiva -de tres millones de votantes- que resultó muy superior a lo que los analistas habían previsto. Más aún, con un resultado contundente. Sin margen para las dudas. Lo que es un poderoso mensaje para Hugo Chávez. Y una razón para la esperanza. Porque ha quedado visto que muchísima gente superó el miedo. Pese a las amenazas de que votar en las primarias de la oposición podía significar la pérdida del empleo público o de los subsidios que, con el dinero de todos, Chávez reparte caprichosamente.

Con sólo una tercera parte de las mesas normales abiertas, el 16% del total del padrón venezolano concurrió libremente a votar. Esto es nada menos que el 57% de la oposición. Muchas más personas, entonces, que en ninguna elección del oficialismo hasta ahora. El PSUV logró -como máximo- que el 38% de los partidarios del gobierno de Chávez (algo más de dos millones de personas) concurriera a votar, contando para ello con las clásicas caravanas de ómnibus contratados y con el reparto de las dádivas de rigor que caracterizan al populismo.

Henrique Capriles, el gobernador del estado de Miranda -el segundo más populoso de Venezuela, que incluye buena parte de Caracas- con sus jóvenes 39 años representa la consolidación de una nueva generación de políticos. Resultó un claro vencedor, con más de un millón ochocientos mil votos en su favor. Esto supone haber más que duplicado los votos de su contendor más cercano: Pablo Pérez, el actual gobernador del estado de Zulia, que contiene a una parte sustancial de los hidrocarburos venezolanos. Pérez, al conocerse los resultados, se alineó lealmente con Capriles, haciendo así público su inmediato y total apoyo al vencedor.

Capriles, pese a su juventud, es en rigor todo un veterano de la política. Ha sido alcalde, legislador y ahora es gobernador. Siempre exitosamente. Se auto-define como un progresista. Es abogado, especializado en impuestos. Nieto de una víctima del Holocausto, es católico. Incansable y generoso. Talentoso y valiente, irradia simpatía. Pese a haber nacido en una familia con recursos, dedicó lo sustancial de su vida a luchar -sin descanso- en el convulsionado escenario de la política venezolana. Pese a todos los riesgos que ello supone. Al conocerse el resultado, invitó generosamente a todos sus contendores a subir -con él- al escenario, lo que todos hicieron, en señal inequívoca de unidad y solidez.

Los ciudadanos de Venezuela tienen ahora una opción cierta y concreta a Hugo Chávez. Y la posibilidad de regresar a la democracia, recuperando todas sus libertades esenciales. No es poco. Si lo logran, sus consecuencias se extenderán por la región, más allá de su propio país.

Pero el camino es largo y recién empieza. Capriles, que sufrió prisión en manos de Chávez, lo sabe bien. Está claro que enfrentará a un personaje patológico, que se cree predestinado y que no vacilará en gastar los recursos del Estado para su propio beneficio político. Que domina -a su antojo- los medios de comunicación masiva. Que intimida, divide, y enfrenta. Que lastima y demoniza, sin cesar. Que todo lo distorsiona en su propio beneficio. Y que presumiblemente sería capaz de recurrrir, de pronto, hasta al fraude o a la fuerza. Saben además que para todo ello Chávez, como ex militar, cuenta con el apoyo total, no sólo de los mandos del ejército y de los servicios de inteligencia venezolanos, sino también de los cubanos.

Los venezolanos advierten, sin embargo, que la economía de su país (pese a la inmensa riqueza petrolera) está desquiciada, con la inflación más alta de la región, que hasta supera a la argentina. Saben además que viven en medio de una inseguridad personal extrema. Y que la salud de Chávez no es garantía de nada. Por esto, después de 13 años de sufrirlo, pensarán dos veces antes de conferir a Hugo Chávez un tercer mandato, por seis años más.

Capriles cree que sus conciudadanos están hartos de los enfrentamientos fomentados constantemente por Hugo Chávez, que los sofocan y lastiman, por lo que, con un mensaje de esperanza, predica la unión. Y de inclusión seria.

Por eso su mensaje, a la hora del triunfo fue: “Mi partido se llama Venezuela”. A lo que agregó: “No soy un mesías, sino un servidor público”, lo que muchos políticos parecen haber olvidado, desde que están para servir a quienes los eligen, y no para ser servidos. Y: “No sólo se trata de ganar el 7 de octubre, sino de gobernar a Venezuela”.

Chávez por primera vez luce políticamente vulnerable. Al menos en un escenario normal y transparente. Parecería difícil que, como en el 2006, con una oposición entonces absolutamente fraccionada, Chávez pueda obtener en octubre próximo el 63% de los sufragios. Pero lo cierto es que hay casi una tercera parte del electorado que, al ser entrevistada, no se pronuncia ni a favor, ni en contra de Chávez. Son los llamados “ni-nis”. Presumiblemente será su voto el que, en última instancia, decida la elección dentro de ocho meses. No obstante, por ahora la oposición viene haciendo un trabajo absolutamente impecable, que -de mantenerse- puede generar los resultados esperados.

*Publicado en La Nación, Buenos Aires.
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La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, un tribunal “de facto”

El “sandinista” y “bolivariano” Daniel Ortega es ahora “de facto” presidente de Nicaragua. Esto porque su segunda re-elección ha sido correctamente tildada de ilegal por contradecir abiertamente una prohibición expresa de la Constitución del sufrido país, tal como ella estaba vigente al tiempo de su re-elección. Hay una nulidad absoluta e incurable en su presunto mandato, entonces.

Curiosamente, en lo que es otra gravísima y patológica anomalía institucional, también la Corte Suprema nicaragüense es hoy un organismo “de facto”. A mi modo de ver las cosas, también la Corte, en su actual conformación, es inconstitucional. Lo que, sumado a lo de Ortega, pone claramente en evidencia cuan lejos están hoy Nicaragua y su pueblo de poder vivir en el estado de derecho. O cuan fuera de la ley se encuentran, en otras palabras.

Los magistrados de la Corte -cuyos cargos fueron negociados en la mayor opacidad por Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en su momento, en un curioso “reparto”- son dieciséis. Número extraño, que refleja el “negocio político” subyacente.

Siete de ellos tienen sus períodos vencidos; uno falleció; y los otros ocho tienen, en cambio, su situación en regla, pero no impugnan la de sus pares, consintiendo entonces una manifiesta situación de irregularidad en la actual composición del tribunal. Lo que es preocupante y condenable, naturalmente.

Para tratar de justificar normativamente las cosas, se invoca el Artículo 201 transitorio de la Constitución Política de Nicaragua de 1987 (de un cuarto de siglo atrás). Esa norma, que posibilita mantener a los funcionarios en sus cargos hasta tanto sean electos sus sucesores, es obvia y manifiestamente temporal, por propia definición. Respondía en su momento a la peculiar situación política puntual de 1990 y no tenía naturalmente pretensión alguna de ser o transformarse en permanente. No obstante, se la resucitó y ahora presuntamente ella “legitimiza” la situación de la Corte Suprema, manteniendo en el tiempo una anomalía legal absolutamente injustificable.

Aparentemente ahora Ortega pretendería no modificar el status quo en la Corte, para proyectar así una “sensación de normalidad” institucional que ciertamente no es tal y edificar, al propio tiempo, una falsa imagen de independencia judicial al más alto nivel, que naturalmente tampoco existe.

La cortina de humo que procura edificar le será útil y permitirá argumentar que la Corte es “la de siempre”, “sin cambios”, en lo que puede ser una tan tortuosa como pretendida demostración de “independencia” e “imparcialidad” de la justicia nicaragüense, que no es tal.

Si la maniobra pergeñada de pronto no funciona, lo que podría suceder si de repente los actuales magistrados del alto tribunal no se muestran complacientes y sumisos a Ortega, lo cierto es que -con las mayorías parlamentarias que Ortega ha construido, luego de una elección que fuera fraudulenta- Ortega podría imponer una nueva conformación para la Corte, designando a los magistrados del más alto tribunal de su país virtualmente “a dedo”. Pero, claro está, con fuerte costo político, interno y externo.

Deplorable situación institucional la de Nicaragua, queda visto, en donde no sólo el presidente es ilegal, sino la propia Corte Suprema tiene vicios incorregibles, que la hacen sospechosa de carecer de neutralidad y ser apenas un agente más del poder que Ortega concentra -cada vez más- en sus manos y en las de su mujer.

*Publicado en Calle Libre, Madrid.
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También a nivel regional apuntan contra la libertad de prensa

Los regímenes autoritarios de la región, particularmente los “bolivarianos”, están activamente empeñados en cercenar la libertad de prensa en sus propios países. Cual cruzada. Para ello recurren fundamentalmente a la sanción de engañosas “leyes de medios” con la misma matriz y a la utilización de la Justicia para generar toda suerte de amenazas e intimidaciones que derivan en censura indirecta.

También procuran insistentemente debilitar las estructuras institucionales regionales, particularmente las de la Organización de Estados Americanos (OEA) que son experimentadas y están razonablemente bien dotadas para la defensa de las libertades civiles y políticas. La presión en esa dirección es fuerte y constante.

En primer lugar se procura -siempre embozadamente- recurrir a la creación de nuevos organismos regionales (Unión de Naciones Suramericanas -Unasur- y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -Celac-) para tratar de duplicar allí los mecanismos de la OEA y (con funcionarios afines) debilitar sustancialmente al organismo regional más antiguo. Además, mediante acciones específicas se busca limitar la autonomía y debilitar las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Relatoría para la Libertad de Expresión. Así se pretende, entre otras cosas, reducir sustancialmente sus recursos financieros, esto es su margen real de maniobra, para cortarle las alas.

El 25 de enero pasado se aprobó en Washington, en una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, un polémico documento que, pese a que está presuntamente destinado a “fortalecer el sistema”, en rigor procura limitarlo seriamente. Es la iniciativa motorizada por el gobierno de Ecuador, que es uno de los más activos en la región en la pretensión de manipular la opinión pública, a través de persecuciones y limitaciones a periodistas y medios independientes.

En una típica actitud en este tipo de foros, los Estados Miembros de la OEA aprobaron una “recomendación” a la Comisión -que ésta podrá o no acoger- y al mismo tiempo declamaron la necesidad de preservar -a toda costa- su autonomía e independencia. Existe el temor que el documento sea ahora elevado a la próxima Cumbre de las Américas, por pedido de Ecuador, para continuar empujándolo desde allí, para transformarlo en un consenso que de pronto termine siendo realidad.

Argentina no estuvo entre los países que aprovecharon de forma más activa la oportunidad para defender retóricamente la libertad de prensa, como lo hicieron Uruguay, Costa Rica, Panamá y Colombia.

Queda visto que a nivel regional hay voces que proclaman la necesidad de defender la libertad de expresión -garantía de todas las demás libertades- mientras en los hechos -con algún disimulo- se continúa limitándola como si se apuntara a, en algún momento, demolerla abiertamente.

Por esto la imperiosa necesidad de estar alertas sobre la evolución de este tema. No sólo a nivel nacional, sino también en el escenario regional. Ocurre que, detrás de la opacidad en el andar y de las palabras confusas, en muchos anida el deseo de instalar el discurso único y eliminar el disenso, de modo de silenciar las críticas y asegurar la impunidad para quienes no creen en la alternancia democrática, sino en perpetuarse en el poder.

*Publicado en La Nación, Buenos Aires.
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Los Estados Unidos y las Islas Malvinas

David Cameron recuerda aquello del toro en el bazar. Con sus torpes declaraciones recientes acusando a la Argentina de colonialismo ha causado un daño enorme a su país. En nuestra región, sin duda, como lo confirman las recientes declaraciones de apoyo del embajador de Chile en nuestro país. Más allá, como veremos, también.

En efecto, en el briefing diario del vocero del Departamento de Estado norteamericano del 19 de enero pasado la cuestión salió al aire. Ocurrió en respuesta a la siguiente pregunta formulada por un periodista: “¿Han tomado los Estados Unidos posición respecto del reciente intercambio de declaraciones entre el Reino Unido y la Argentina sobre las “Falklands” (Malvinas, obviamente)?

Ante ella, el vocero respondió: “Esa es una cuestión bilateral que necesita ser resuelta directamente entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido. Nosotros alentamos a ambas partes a resolver sus diferencias a través de los canales diplomáticos normales. Reconocemos la administración “de facto del Reino Unido en las islas, pero no tomamos posición sobre la soberanía”.

De lo antedicho surgen varias cosas, no menores.

Primero, para los Estados Unidos hay un diferendo y el camino para resolverlo es el del diálogo. No otro. El de las negociaciones, entonces. Esto coincide ciertamente con la posición argentina. Y es diametralmente opuesto a la actitud británica que, con típica arrogancia, sostiene que no tiene nada que dialogar con la Argentina sobre el diferendo.

Segundo, el país del norte alienta a Gran Bretaña a abandonar su intransigencia. La Argentina, en rigor, sólo está esperando poder dialogar. Lo quiere. Es Gran Bretaña quien se niega. La admonición norteamericana tiene obviamente un solo destinatario: Gran Bretaña. Según los norteamericanos, el diálogo es hoy el camino.

Tercero, los británicos, nos confirma el vocero, están de facto en las islas. Lo que es muy distinto a estar de jure. Una cosa es estar allí por la fuerza de las armas y otra, bien distinta, es estar por imperio del derecho.

Pese a que el vocero dice, además, que su país no ha tomado posición en materia de soberanía, no sólo reconoce expresamente que la disputa existe, sino que admite que la presencia británica en Malvinas no es conforme a derecho, sino apenas un hecho. Para recordar. No es poco.

Los desatinos de Cameron no se limitan, queda visto, a desafiar a los escoceses. Los errores tampoco. Y el costo puede terminar siendo grande. Lo que no debe sorprender, cuando los desaciertos son mayúsculos.

*Publicado en La Nación, Buenos Aires.
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La ocupación anárquica de terrenos públicos

 

Las ciudades argentinas tuvieron históricamente un buen diseño urbano. Las manzanas estaban divididas en clásicas cuadrículas, el área central de gran calidad estaba destinada a edificios públicos de exquisita arquitectura, las plazas y parques diseñados por paisajistas de renombre mundial, las zonas comerciales atractivas, los bulevares y áreas residenciales con viviendas de categoría y los barrios suburbanos bien organizados. Casi todas las ciudades estaban rodeabas por cinturones verdes de quintas y huertas. Pero todo esto se terminó. Fue en 1977 cuando mentes bien intencionadas pero ignorantes del orden natural sancionaron la ley 8912 denominada “Ley de ordenamiento territorial y uso del suelo”. A partir de ella y en todo el país, los pobres ya no pudieron comprar lotes de tierra por $ 20 mensuales. Se terminaron los remates bien organizados y no pudieron tener títulos de propiedad. Comenzó la era de los “countries”, “barrios cerrados” y “urbanizaciones de lujo” donde el lote de un terreno costaba entre u$s 20 mil y u$s 100 mil. Inaccesible para los pobres y la clase media.

Gobiernos militares y civiles, de derecha y de izquierda, peronistas y radicales, no supieron ver el problema.

Ahora lo estamos pagando con esta inesperada “invasión de los bárbaros” que reclaman un pedazo de tierra para construir su casilla. Porque lo importante no es regalarles la vivienda, sino que sean propietarios de un lote de terreno adquirido con sus recursos y que, de a poco, con esfuerzo y ayuda fiscal puedan ir construyendo y mejorando su casa.

 

IGNORANCIA DEL ORDEN ESPONTANEO

Los gobernantes argentinos tienen una ignorancia genética profundamente grabada en sus ADN : no saben distinguir entre el orden espontáneo y el orden forzoso. El orden espontáneo surge cuando las leyes amparan la vigencia de estas tres condiciones para la convivencia social.

1º CUMPLIR CON LA PALABRA EMPEÑADA.

2º RESPETAR LA POSESION PACÍFICA DE LOS BIENES AJENOS

3º TRANSMITIR BIENES POR CONSENSO SIN FRAUDE, NI ENGAÑO, NI PREPOTENCIA.

 

Bajo este orden espontáneo surgieron los barrios, las ciudades y las empresas privadas que dan trabajo a la gente. Cuando el Estado quiso alterar ese orden espontáneo imponiendo una organización prepotente, obligatoria, dispuesta por la fuerza de la ley , en algunos casos tecnológicamente avanzada pero sin libertad de espíritu, entonces emergió el caos y el desorden que hoy estamos presenciando. Y lo mismo puede pasar próximamente cuando se sancionen y apliquen las leyes intervencionistas con las entidades de medicina prepaga, los medios de comunicación audiovisual, la educación privada, el sistema de tarjetas de crédito.y la propiedad privada de la tierra rural.

 

TODO TIEMPO PASADO FUE MEJOR

Hasta mediados de los ‘70, las personas humildes vivían en barrios del suburbio, en casas de una planta, hechas con mampostería de ladrillos, unidos con mortero de cal y arena, mosaicos calcáreos en patios y cocina, pisos de pinotea con cámara de aire en los dormitorios, techos de chapas de zinc o de ladrillos cargados sobre la famosa bovedilla catalana.

Estaban construidas en lotes de 10 varas de ancho (8,356 m), por un largo de 30 a 50 metros, donde se armaba el gallinero y preparaba la huerta. Casi siempre había una higuera y un limonero. Eran casas modestas pero seguras y confortables. Se iban construyendo de a poco, agregando nuevas piezas a medida que la familia crecía. Los arquitectos las llamaban “casas chorizos”. Alberto Vaccarezza las inmortalizó en el sainete del Conventillo de la Paloma.

Si sus ocupantes tenían la suerte de ser amigos de algunos hábiles albañiles, embellecían las fachadas con alguna que otra pilastra, zócalos, listeles, frontis triangulares o semicirculares encima de las ventanas, arquitrabes, frisos y cornisas que les otorgaban un aspecto sumamente atractivo. Esos viejos albañiles italianos eran los famosos “frentistas” que construyeron nuestros más emblemáticos edificios. En Rosario hicieron las residencias del “Paseo del siglo”, que hoy se conservan como ejemplo de arquitectura Art Nouveau hechas con material de frente denominado “piedra París” .

 

BARRIOS POBRES PERO NO VILLAS MISERIAS

Había barrios pobres, muy pobres, pero no existían las villas miserias, que se multiplican hoy en día, donde vive una multitud cada vez mayor de ciudadanos en condiciones tan inhumanas que ni los animales se les asemejan.

¿Por qué ha sucedido todo esto? ¿Porqué esa invasión de parques por miles de familias que se asemejan a los bárbaros medievales ocupando y destruyendo las áreas urbanizadas? ¿Qué han hecho los sucesivos gobernantes democráticos o de facto para que las familias tengan que vivir en covachas inmundas, indignas de seres humanos?

 

COMO FUNCIONABA EL ORDEN NATURAL

A pesar de que la constitución nacional lo consigna pomposamente, en materia de erradicación de villas miseria los gobiernos peronistas y no peronistas no han hecho absolutamente nada. Sólo las ha incrementado, para utilizarlas electoralmente como ganado doméstico que se arrea en los actos políticos.

Los ideólogos cuando llegan al poder actúan como las siete plagas de Egipto, obrando con una perniciosidad sólo comparable con los escandalosos actos de corrupción que cometen a diario.

Destruyeron el proceso natural por el que los pobres tenían acceso a la propiedad privada e impidieron que, en el mejoramiento de la vivienda propia, volcasen los pocos pesitos que podrían ahorrar.

El proceso natural se desarrollaba de este modo.

1º Una oficina de rematadores -que gozaba de la confianza pública- a cargo de un martillero público ofrecía, a los dueños de baldíos en los aledaños de la ciudad, convertirlos en terrenos urbanos. El atractivo consistía en que esa tierra, sin valor agrícola, podía ser transformada en terreno del conurbano valorizándose sustancialmente.

2º Agrimensura. Con un agrimensor, emprendían la tarea de amojonar y medir el terreno, estableciendo lotes, con sus respectivos niveles y calzadas. Una vez llevada al tablero la división de la tierra, se dibujaban lotes y calles, designándoselas con nombres de patriotas o personas ilustres. Los lotes se numeraban según el tamaño y la calidad de su ubicación. Una parte del terreno quedaba reservada para construir el templo parroquial, la escuela primaria, el puesto policial, el dispensario médico y la oficina del registro civil.

3º Plano de urbanización. El plano resultante se llevaba a la Dirección de Catastro o Registro de la propiedad inmueble, y se gestionaba la aprobación oficial. En ciertos casos se hacían trabajos con moto niveladoras para emparejar el terreno, formar cordones y trazar veredas huecas para pasar ulteriormente las redes con distintas cañerías.

4º Pública subasta. Luego los rematadores organizaban una verdadera fiesta de capitalismo popular, convocando a la pública subasta. Alquilaban medios de transporte para llevar y traer a los interesados, levantaban unas atractivas carpas en el lugar de remate, adornándolas con vistosos banderines y colocaban enormes carteles anunciando el remate público, incluyendo el plano del loteo. En el interior de las carpas se colocaban sillas de madera y la multitud de interesados con su familia, esperaban sentados el comienzo del remate. Para hacer más amena la espera, algunos contrataban pequeñas bandas polifónicas de la colectividad italiana o española y ofrecían un pequeño concierto de canzonettas, pasodobles y música popular.

5º Acto solemne. Los martilleros comenzaban el acto realizando una descripción muy vívida del terreno y aleccionaban a la gente sobre las ventajas de tener una propiedad para asegurarse el techo propio y proteger el futuro de los hijos. Algunos martilleros egregios, como don Elías Carranza Saroli, don Fernando Pesán y don Angel González Theyler en Rosario, y Francisco F. Vinelli, Rodolfo Vinelli, Guillermo y Ricardo Vinelli en Capital Federal, se convertían en relatores de la historia nacional y predicadores de normas morales, para confirmar la importancia de la palabra empeñada, el respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de las promesas.

6º Escudo nacional. Se solían repartir escudos patrios litografiados en hojalata, que los asistentes colocaban con orgullo en su prenda, cerca del corazón. A veces, el acto incluía el canto del himno nacional. El remate era una verdadera fiesta de civismo dirigido a los pobres de solemnidad. Siempre había algunos bocados de pan y chorizo, tiras de asado y bebidas no alcohólicas para calmar el hambre y sed de los asistentes.

7º Remate uno por uno. Los lotes se iban rematando uno por uno, según el número del loteo. Ya tenían asignado un crédito automático, pagadero en cuotas fijas de hasta 120 mensualidades. Cuando alguien compraba el lote, allí mismo registraban sus datos personales y se emitía una libreta inmobiliaria, numerada, sellada, encuadernada y forrada en hule negro, formando parte del título de propiedad inscripto en la Dirección de Catastro.

8º Libretas inmobiliarias. Esas libretas eran una parte de la propiedad total y como tal podían ser hipotecadas, compradas, vendidas o cedidas en donación. Poseer la libreta inmobiliaria de hule negro era un orgullo para las personas humildes porque por pocos pesos mensuales se convertían en propietarios.

9º Propietarios, no proletarios. Por primera vez en la vida, contaban con un capital propio, eran dueños de un título que los respaldaba y les servía de garantía para conseguir créditos en tiendas, almacenes de ramos generales y hasta para aspirar a un trabajo estable en industrias importantes. Posteriormente y de a poco, el municipio se encargaba pavimentar las calles del loteo, instalar los servicios de electricidad, gas, agua potable y la red cloacal. El martillero era el que gestionaba todas estas obras de urbanización.

10 º Inscripción en Catastro. Después de emitidas, las libretas se inscribían en el Registro de la Propiedad y a partir de allí eran dueños-propietarios del terreno. Sin trámites bancarios recibían el primer crédito importante de largo plazo. Era un acontecimiento imborrable para las familias. El parcelamiento de las tierras daba origen a la formación de los nuevos barrios y uno de los pioneros que contribuyó a la formación de las ciudades fueron don Rodolfo J.W. Vinelli y su padre don Francisco F. Vinelli (1876-1970). En 1906 inició el parcelamiento de las primitivas quintas en Ituzaingó y permitiendo la instalación de nuevos núcleos poblacionales.

 

LOS TECNOCRATAS DE SIEMPRE

Esos tiempos de bonanza para las personas humildes comenzaron a desaparecer a partir a mediados de los ’70, y se acrecentaron con el shock devaluatorio de Celestino Rodrigo, ministro de economía de la primera mujer presidenta que tuvo el país.

Como consecuencia del sinceramiento de tarifas, ocurrido después del patoteril control de precios de José Ber Gelbard y del congelamiento de salarios precedente, se desató una inflación incontenible que produjo la devastación de los ahorros. Las posibilidades de construir viviendas por el sistema de ajuste alzado a precios fijos inamovibles fueron liquidadas. Muchas empresas constructoras quebraron.

Pocos años después, en 1977 y desde el decreto-ley 8.912/77, llamado pomposamente “Ley de Ordenamiento territorial y uso del suelo”, comenzaron a surgir por todo el país leyes regulatorias que impedían los clásicos loteos exigiendo a los martilleros dotar previamente a los terrenos suburbanos de una planificación que el Estado no tenía, con infraestructura sumamente costosa y compleja compuesta de pavimentos de hormigón, cordones y veredas, faroles de alumbrado público, servicios de agua y red cloacal hasta la puerta del lote, cañerías para la distribución de gas y cámaras subterráneas para equipos de transformación y rebaje de energía eléctrica domiciliaria. Es decir que el Estado quiso desentenderse de una función esencial de los municipios y tirarle el fardo a los privados.

En un marco de inestabilidad monetaria y con costos crecientes, esa infraestructura implicaba una altísima inversión de riesgo que no podía ser pagada por los humildes compradores de los viejos loteos.

Por lo tanto el mercado del loteo desapareció y la vivienda fue inaccesible para ellos.

Las operaciones inmobiliarias se redujeron a personas de altísimos niveles de ingreso que, por moda cultural, decidieron mudarse a countries y barrios cerrados en los alrededores de las grandes ciudades. Los pobres y la clase media con escasos recursos no tuvieron nunca más acceso a una vivienda hecha con sus propios ahorros.

El orden natural por el cual los pobres también podían llegar a ser propietarios había sido destruido y comenzaron a surgir los asentamientos irregulares, las villas de emergencia y los tenebrosos barrios de viviendas colectivas convertidos en refugio de delincuentes donde la policía y los servicios de emergencia médica temen ingresar.

 

EL RETORNO A LA PROPIEDAD PRIVADA

El problema de las villas miserias no tiene solución alguna si no se encara como una operación de

gran prioridad para volver a convertir a los proletarios en propietarios.

El acceso a la propiedad privada y el otorgamiento de títulos de propiedad transferibles constituyen tareas prioritarias. Luego vendrá la urbanización de las actuales villas, abriendo accesos y calles adecuadas con una reparcelización de aquellos habitantes a quienes habrá que expropiarles el terreno ocupado.

Otras cuestiones importantes son: la delimitación física de la villa miseria para evitar que se siga expandiendo y la construcción, en cada lote, de un núcleo central compuesto por baño, cocina y sistema de desagües de aguas servidas, dejando que en el resto del terreno los ocupantes-propietarios construyan las habitaciones que necesiten y puedan.

El ser humano satisface sus necesidades transformando las cosas que le rodean, pero cuando construye algo y lo utiliza, necesita que ese proceso sea controlado y dirigido por alguien. Para ello es necesario que pueda decirse “yo cuido de esto” y “nadie sin mi permiso puede tocarlo”.

En todas las lenguas del mundo, esa función de fiscalizar la acción económica, tiene vocablos como “mío”, “tuyo”, “de mi padre”, “de mis hijos” o “del municipio”, los cuales se resumen en dos sustantivos esenciales de la naturaleza humana: “propiedad” y “dominio”.

Cualquier acción para producir y consumir riqueza es imposible sin que alguien pueda y tenga el derecho a fiscalizar el proceso de creación de riqueza.

Lo deprimente de las villas miseria es precisamente la absoluta y total carencia de propiedad privada, representada por un título de propiedad, lo cual significa que esas covachas donde habitan no es de nadie y un buen día pueden ser desalojados o desplazados por acción de alguien más poderoso. Finalmente ese poderoso no es el funcionario del Estado, ni el capitalista inmobiliario, sino el narcotraficante que edifica su poder en medio de la anarquía.

*Dr. Antonio I. Margariti, Rosario,  Agosto de 2011
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Seminario: “Persona Humana, Libertad y Economía 2″

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RELIAL celebra su V congreso anual

RELIAL celebra su V congreso anual: ”Promoviendo la propiedad privada en América Latina” Ver Comunicado

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Proteccionismo y privilegio

-Por Catalina Bontempo-

En la Argentina pareciera que existe una única manera de crear trabajo: mediante la protección de la industria nacional. Cabe preguntarse quiénes son aquellos que se benefician con el argumento de un patriotismo mal entendido. Mientras las barreras a la importación impiden la libertad de elección del pueblo, un grupo reducido de empresarios aliados con el gobierno de turno se ven favorecidos. Los consumidores no tienen la oportunidad de escoger los productos según gusto, preferencia, precio y calidad, y deben considerar -por falta de variedad- solamente artículos nacionales; como si a quién le pertenece la ganancia importara, sea un empresario argentino, uno norteamericano, o uno chileno.

En la Argentina gobernada por el personalismo de nuestra presidente Cristina F. K. surge una paradoja originada bajo el mismo lema de defensa de la industria nacional. A favor del bienestar social se imponen también trabas a las exportaciones. Pareciera insuficiente el impedimento de las importaciones, por lo que es necesario encapsularse aún más en una burbuja donde se busca que se produzca para el mercado interno. Se argumenta un fundamento basado en el popular lema “en beneficio de la sociedad”, mientras que los que producen no reciben plenamente lo que les corresponde, ya que el mercado en donde se les permite actuar es más acotado del que podría llegar a ser. De esta manera, y según la lógica K, los precios internos no “competirían” con lo que se estaría pagando en el exterior, y se mantendrían a nivel interno, a la vez que no se produciría un desabastecimiento nacional.

Se trata de una política en donde los consumidores nacionales se ven obligados a “ayudar” a los productores nacionales, a la vez que estos últimos deben relegar su producción al mercado interno. ¿Es verdaderamente un modelo de país que beneficia a todos?

A la vez se imponen precios máximos, ¿esto a quién favorece? ¿No sería más racional permitir una libre competencia en donde la mercadería del exterior pudiera participar en el mercado argentino, y donde un libre juego de oferta-demanda, costo-beneficio, calidad-precio permitiera a los argentinos considerar qué es lo más propicio para su propia economía y realidad social?

Por un lado se protege a los industriales, por otro se los perjudica, y en todas estas medidas el que sale desfavorecido es el pueblo en su sentido más llano. ¿Y qué sucede cuando uno es un pequeño empresario y quiere realizar una inversión? Este también se ve afectado. Las trabas que padecen las Pymes hoy en día van más allá de una falta de créditos y se traducen en los grandes costos impositivos y laborales. Sin embargo de lo que más se sufre es de la inestabilidad macroeconómica que atraviesa el país desde el comienzo del gobierno Cristina Fernández.

Lo que sí es seguro es que existe un pequeño grupo que se beneficia con estas medidas “proteccionistas” y absurdas de Cristina F. K. No se trata de quienes reciben la asignación universal, ni de la clase media, ni de la baja, ni de la alta. Se trata de una clase aún más diferenciada: las personas afines al gobierno, sean empresarios o políticos. Este “modelo” de país ni beneficia a quienes los votan, ni al emprendedor, ni al trabajador, ni al ciudadano, únicamente a los kircheneristas en sus más altos niveles.

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